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sábado, 13 de agosto de 2016

HOY TOCA LA REPARACIÓN HISTÓRICA DE: Francisca Castellón

El tema gitano se convirtió en un escenario más de la confrontación sostenida los dos dignatarios más influyentes del reino de Valencia a mediados del siglo XVIII. Cualquier duda o incidente sobre la cuestión bastó para abrir un nuevo frente. Uno de ellos tuvo lugar tras la reclusión de Francisca Castellón en junio de 1753.
Francisca era viuda de Andrés Escudero y vecina de Gestalgar. Fue detenida junto a “un muchacho fatuo” por la justicia de Pedralba, por haber cometido el robo de unos calzones y medias. Reconocida por dicha justicia como gitana, se la condujo presa a Valencia el 13 de mayo de 1753. La diferencia de pareceres entre el duque de Caylus, capitán general de Valencia y el intendente Malespina, se centró en la decisión de este último de no socorrer a esta mujer con el prest que recibían las demás gitanas desde su captura en 1749, pues argumentaba que no había sido “comprendida en la orden general que se dio para su prisión y retención”, ni entre las “declaradas por malas en el capítulo sexto de la última Real Orden de 28 de octubre de 1749”, añadiendo que presumiblemente el arresto de esta mujer pudiera deberse a “que las justicias de los pueblos, por desprenderse de mujeres viciosas, las atribuyan el nombre de gitanas”.
Caylus, apiadándose de esta mujer, se dirigió a Malespina y le expuso que si éste no tenía “facultad para mandar socorrer a Francisca Castellón”, él no tenía el poder “para ponerla en libertad”, por lo que le advertía que de persistir la situación, se vería obligado “a dar cuenta al ministro”, para no permitir a “esta pobre mujer perecer de hambre”, cuando “otras que han venido después de la prisión general, se están socorriendo”.

Persistiendo el intendente en su empeño, el duque de Caylus debió exponer ante Ensenada el asunto, justificando su posición de mantenerla en las mismas condiciones que la demás, por cuanto en el momento de haberse procedido a la redada no se tenía noticia de esta mujer por haber huido “y andar vagante, viviendo de los hurtos”, considerando contraproducentes la cárcel y la pena de destierro, castigos que no les producían temor alguno y les facilitaba “variar de vecindario” y proseguir “en su vida”. Al contrario que en ocasiones anteriores en que Malespina contó con el apoyo de Ensenada, Caylus halló en esta ocasión el apoyo del gobernador del Consejo de Castilla, quien ordenó a Malespina que socorriera a Francisca Castellón “desde el día que entró en el depósito, como igualmente a las demás gitanas, que por no vivir con arreglo a la citada Real Orden se prendieren y pusiesen en él, sin ceñirse a solo a las que en aquella ocasión se prendieron”.
Este episodio se convirtió en un triunfo de la defensa del duque hacia las gitanas, nada comparable al que se produciría años más tarde con el indulto real a todos los gitanos y gitanas que en 1765 se hallaban aun cautivos. Desgraciadamente, como en el caso del Cid, lo obtuvo una vez había fallecido.
Referencia: MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel, Los gitanos y las gitanas de España a mediados del siglo XVIII. El fracaso de un proyecto de “extermino” (1748-1765), Almería, 2014, pp. 95-96.

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